El día 22 de septiembre de 2015 se publicó el Decreto Legislativo (D.L.) 1198, suscrito por el presidente Ollanta Humala, que autoriza al Ministerio de Cultura otorgar a entidades públicas y privadas la administración de complejos arqueológicos u otros bienes patrimoniales hasta por diez años.
Están excluidos los sitios Patrimonio Mundial como Machupicchu.
Para ello, previamente se debe firmar un Convenio de Gestión Cultural entre la empresa y la entidad cultural.
Según fuentes locales, el gobernador del Cusco, Edwin Licona, así como el alcalde, Carlos Moscoso, rechazaron la norma y anunciaron que plantearán un proyecto para derogarla. Dichas autoridades aseguran que el dispositivo abre el camino a un proceso de privatización del Patrimonio Cultural de la Nación; a su vez advirtieron que la población del Cusco podría "tomar las calles".
Por otra parte , el ex asesor legal del Gobierno Regional, José Antonio Olivares, sostuvo que la norma no es del todo mala, pero es necesario hacer ajustes a algunos puntos para evitar que el sector privado cometa excesos. Consideró que oponerse al D.L. sería dejar en el abandono a muchos complejos que ahora no son protegidos.
De igual forma, el director de Cultura Cusco, Ricardo Ruiz Caro, señaló que se pedirá ser parte del proceso de reglamentación de la ley, que durará 90 días y se pedirá la exclusión de los bienes cusqueños de los alcances del dispositivo.
